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La labor de los padres para los hijos sean e-legales

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Por motivos diferentes, padres y menores desconocen que muchas de las prácticas que los adolescentes llevan a cabo con las nuevas tecnologías tienen serias consecuencias penales.

El robo de claves, bien del messenger o de acceso a cualquera de las redes sociales está penado con hasta cuatro años de prisión; la usurpación de la identidad en el messenger puede costar otros tres años de cárcel, a los que se suma una hipotética condena por injurias o amenazas.

La mayoría de estas conductas tiene lugar sobre todo en la casa, en la que los menores tienen acceso sin control a ordenadores. La pelota, por tanto, no sólo está en la escuela, sino también en el domicilio familiar donde los padres, en la mayoría de los casos al borde del analfabetismo tecnológico son responsables de una generación sobrada en conocimientos digitales pero no demasiado consciente de sus consecuencias. Por ejemplo, es frecuente que ignoren que “internet deja rastro”, es decir que los contenidos que por ejemplo se depositan en una red social pueden ser extraídos y manipulados.

Los expertos equiparan, para hacer un simil comprensible las imágenes que se cuelgan en redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter con “pegar fotos personales en una farola”. Los chicos suelen ser candorosos y creer a pie juntillas en la identidad de sus interlocutores en los chat. Además, son usuarios activos de los programas P2P como el emule. “Se descargan contenidos que dejan en carpetas que tardan semanas en abrir. En muchas ocasiones esos ficheros ocultan pornografía”, alerta el jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Antonio Domínguez. Desconocer el contenido no exime de la responsabilidad penal.

Desde este inspector policial, hasta el fiscal de Delitos Tecnológicos, Jacobo Fernández-Llebrez, y el delegado de Educación, Antonio Escámez son unánimes al señalar que una medida tan eficaz como simple para detectar que los menores incurran en conductas delictivas o sean víctimas de ellas reside, simplemente, en impedir que tengan el ordenador en su dormitorio. En su opinión, debe de estar en una habitación común.

Otra fórmula eficaz es instalar filtros que impidan el acceso a determinadas páginas. Incluso el fiscal Fernández-Llébrez llegó a relacionar la irresponsabilidad paterna por no disponer de estas barreras con “ir con el niño de la mano por los prostíbulos de la ciudad”.

Los responsables de la Fiscalía y de la Policía animan a los profesores a ayudar a los padres a evitar que los menores sean sujetos activos o pasivos de la delincuencia cibernética mediante actitudes que tampoco exigen un gran conocimiento de las nuevas tecnologías. Apostaron por estar al tanto de las relaciones personales de los menores, aunque con la prevención de que siempre prima el derecho a la intimidad sobre el de la educación. Ya ha habido chicos que han denunciado a sus padres por controlar sus conversaciones y han perdido.

Fuente: malagahoy.es

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