Según el informe del Institut per a la Convivènica i l’Èxit Escolar de Baleares, en las aulas de las islas el ciberbullying, aunque sigue siendo de incidencia aún baja, se ha consolidado como una realidad. Uno de cada cien alumnos hace grabaciones con móvil o vídeo (1,3%), casi dos de cada cien realiza mensajes amenazantes por teléfono o difusión sin permiso de fotos o imágenes en la Red o por SMS. Los ciberacosadores desconocen que en las aulas el código penal también se aplica.
La encuesta del Institut se ha elaborado con una encuesta realizada en 18 institutos con 1.369 estudiantes de ESO.
Amenaza físicas
La situación más repetida en los casos de acoso es hablar mal de la víctima, en un 8,2 por ciento, seguido de insultos y ofensas (6,4 %). Sin embargo, hay otros hechos menos habituales pero tan preocupantes como amenazas con palos y navajas (2,3%) o intimidar para conductas o situaciones de carácter sexual (2,4%).
Maltrato justificado
Lo que ven en casa se refleja en las aulas y entre las malas costumbres exportadas al patio está la violencia de género. La encuesta revela que el 4,6 por ciento de los alumnos justifica que un hombre pegue a su mujer si ella decide abandonarle. Un 6,4 por ciento de encuestados está convencido de que un hombre agresivo es más atractivo.
Relación a golpes
Cuando un amigo pega a alguien, el 35 por ciento de los alumnos cree que tiene que ponerse de su lado. Otra conducta violenta es aquella en la que debe devolver los golpes recibidos para no ser considerado un cobarde (27,2%). El 18,3 por ciento justifica una agresión si le han quitado algo de su propiedad.
«No deberíamos publicar en Internet lo que no gritaríamos indiscriminadamente en la plaza de nuestra ciudad» alerta el abogado coruñés experto en derecho informático Víctor Salgado.
La mayoría de las denuncias que recibe la Guardia Civil sobre ciberdelitos tienen dos denominadores comunes: la edad de los ´ciberdelincuentes´ se sitúa entre los 15 y los 30 años y sus conocimientos en informática son más que aceptables.
Los delitos más frecuentes son los relacionados con la intimidad de las personas, como injurias, calumnias, amenazas y hasta suplantación de la identidad. Las penas varían respectivamente desde la multa de seis a doce meseshasta la prisión de dos a cinco años.
El joven que acaba ante la Guardia Civil sólo quería gastarle una broma a un compañero. «Se dan de alta en las redes unos a otros e incluyen en los perfiles de la ´víctima´, por ejemplo, insultos a profesores o a otros estudiantes», concretan los investigadores.
«Todo el mundo cuelga fotos y datos reales; cualquiera puede abrirte un perfil sin que tu lo sepas», advierte Gonzalo Sotelo. Eso es lo que le ocurrió a una chica, cuyo ex novio, como venganza, le creo un sitio en una red social de Internet con su nombre, su foto y su número de teléfono real ofreciendo sexo. Dar con los denunciados, pese al anonimato que proporciona Internet, no es complicado. «Igual que un atracador de bancos, cometen errores; se hace una investigación técnica, pero también del entorno de la víctima, y ahí siempre los solemos localizar»
Muchos menores desconocen que al enviar fotografías de otros menores por internet están incurriendo en un delito contra la privacidad e intimidad. Artemi Rallo, director de la Agencia de Protección de Datos denuncia que hay menores enviando fotografías suyas al portal de contactos “VOTAMICUERPO”.
Rallo ha reclamado en su comparecencia en el Congreso de los diputados la necesidad de que los poderes públicos lleven a cabo una actuación dirigida a la protección de los menores en Internet, en la que, ha dicho, debe impulsarse el conocimiento y la formación de los menores sobre la protección de datos personales y la privacidad ante las nuevas tecnologías.
Por ello, ha propuesto a los grupos parlamentarios la creación de un espacio de reflexión en el que puedan evaluarse las múltiples problemáticas generadas por la revolución tecnológica que se ciernen sobre la privacidad de los ciudadanos.
Por otra parte, el director de la AEPD ha insistido en la recomendación a los medios de comunicación para que alcancen un desarrollo de buenas prácticas en materia de privacidad, a través de la autorregulación, en relación a la difusión por los medios de informaciones privadas de menores obtenidas de redes sociales, cuando son objeto de interés informativo, recordando en este sentido el reciente caso de publicación de imágenes de la joven Marta del Castillo.
El director de la AEPD ha indicado que la trascendencia de los riesgos de las redes sociales para la privacidad de sus usuarios es palpable a la vista del número de denuncias interpuestas ante la AEPD. Rallo ha puntualizado que en lo que va de año la Agencia ha recibido 19 denuncias relacionadas con redes sociales, en su mayor parte referidas a la difusión de imágenes o documentos con datos de terceros sin su consentimiento y a la suplantación de identidad.
Además, en relación con las redes sociales, el director de la AEPD también ha puesto de relieve la incidencia de estos servicios sobre el colectivo de los menores, recordando que según el estudio conjunto de la AEPD e INTECO, un 36,5 por ciento de los usuarios de redes sociales tienen entre 15 y 24 años. De ellos, todos los menores de entre 14 y 16 años son usuarios habituales y publican información personal y familiar. En esta línea, Artemi Rallo ha recordado que según citan estudios recientes que el 77 por ciento de los menores que utilizan redes sociales tienen visible su perfil público.
No obstante, Rallo ha indicado que la Agencia ha intercambiado criterios con el CGPJ sobre cómo deben coordinarse en el ejercicio de sus respectivas competencias de inspección, “lo que constituye un paso previo para evaluar el cumplimiento de la LOPD en los órganos judiciales”.
Artemi Rallo también ha informado a los miembros de la Comisión Constitucional de los indicadores más relevantes recogidos en la Memoria 2008 de la AEPD, destacando el fuerte incremento experimentado en el número de las inspecciones, que crecieron en un 45 por ciento y en las resoluciones de procedimientos sancionadores que casi se duplicaron (aumentaron un 94 por ciento).
En lo que respecta a los primeros meses de 2009, ha avanzado que el número de reclamaciones, junto con las inspecciones de la Agencia, están protagonizando un crecimiento destacado: a fecha 1 de junio las denuncias se han incrementado en un 60 por cien to y las actuaciones posteriores en un 138 por ciento.
Las Redes Sociales en Internet se han convertido en el nuevo espacio público. La pregunta que surge es si los menores hacen un correcto uso de ellas y si son conscientes de que las malas conductas están vigilada por la ley igual que si éstas se llevan a cabo en la calle.
«Debe haber un constante diálogo entre regulación y autorregulación. La regulación para lo esencial, los principios y la configuración del derecho y, por otro lado, la autorregulación para adecuar la normativa a las particularidades del sector y, en particular, al uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores”, explicó José Luis Piñar Mañas, Catedrático de Derecho Administrativo.
Esta reflexión fue una más de las muchas que se escucharon en la jornada ‘La Privacidad del Menor en las Redes Sociales’ organizada por la Fundación Solventia.
Para Pablo Pérez San José, gerente del Observatorio de Seguridad de la Información de INTECO, “es necesario conocer sus riesgos para aprovechar todo el potencial de una red social”.
La Jornada también contó con un mesa redonda especializada en ‘Videojuegos y privacidad de los menores’, moderada por Carlos Iglesias, Abogado Responsable del Área de Nuevas Tecnologías Díaz-Bastién & Truan Abogados, y en la que participó Jorge Flores Fernández, director de Pantallas Amigas;
El Defensor del Menor, Arturo Canalda, lanza un mensaje a los menores: hay que ser reponsables ante las imágenes que se cuelgan en Internet.
Canalda presenta en Madrid un spot que pretende transmitir que en la Red todo se hace público y, por tanto, es susceptible de ser utilizado con distintos fines. Esta iniciativa se emitirá en la cadena autonómica madrileña a lo largo de un mes en todas las franjas horarias y será cedido a cualquier televisión, de ámbito nacional, local o autonómico, que desee reproducirlo. La campaña se completará con la distribución de carteles en todos los centros escolares de la Comunidad de Madrid.
¿Por qué son tan estrictos los profesores y directores de instituto con el uso de los móviles? Porque los móviles y los mp3 o mp4 son unas herramientas con las que se puede vulnerar la intimidad de los alumnos así como de los propios profesores.
El Reglamento Orgánico de Funcionamiento (ROF) de algunos centros incluye en un apartado la prohibición móviles o mp3.
Algunos centros aplican medidas expeditivas para prevenir el mal uso: la expulsión.
Grabar y llamar desde el móvil también está prohibido en el IES Gaona. «Es un delito grabar a menores o mayores sin su consentimiento y lo peor es que hay que advertírselo porque muchos no lo saben», reseña el jefe de estudios del IES Gaona, en Málaga.
En el instituto Torre del Prado si perciben que un alumno usa su móvil, se le retira y, generalmente, deben ir sus padres a recogerlo. «Lo primero es que ellos tienen muy claro que está prohibido utilizarlo y cuáles son las consecuencias. No queremos repetir episodios de otros centros que han saltado a la prensa por imágenes tomadas a docentes o a alumnos», como subraya el director del instituto Alfonso Balsera. Así los alumnos no podrán alegar ignorancia para zafarse de la reprimenda que, en muchos casos, es no poder asistir a clase.
Por motivos diferentes, padres y menores desconocen que muchas de las prácticas que los adolescentes llevan a cabo con las nuevas tecnologías tienen serias consecuencias penales.
El robo de claves, bien del messenger o de acceso a cualquera de las redes sociales está penado con hasta cuatro años de prisión; la usurpación de la identidad en el messenger puede costar otros tres años de cárcel, a los que se suma una hipotética condena por injurias o amenazas.
La mayoría de estas conductas tiene lugar sobre todo en la casa, en la que los menores tienen acceso sin control a ordenadores. La pelota, por tanto, no sólo está en la escuela, sino también en el domicilio familiar donde los padres, en la mayoría de los casos al borde del analfabetismo tecnológico son responsables de una generación sobrada en conocimientos digitales pero no demasiado consciente de sus consecuencias. Por ejemplo, es frecuente que ignoren que «internet deja rastro», es decir que los contenidos que por ejemplo se depositan en una red social pueden ser extraídos y manipulados.
Los expertos equiparan, para hacer un simil comprensible las imágenes que se cuelgan en redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter con «pegar fotos personales en una farola». Los chicos suelen ser candorosos y creer a pie juntillas en la identidad de sus interlocutores en los chat. Además, son usuarios activos de los programas P2P como el emule. «Se descargan contenidos que dejan en carpetas que tardan semanas en abrir. En muchas ocasiones esos ficheros ocultan pornografía», alerta el jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Antonio Domínguez. Desconocer el contenido no exime de la responsabilidad penal.
Desde este inspector policial, hasta el fiscal de Delitos Tecnológicos, Jacobo Fernández-Llebrez, y el delegado de Educación, Antonio Escámez son unánimes al señalar que una medida tan eficaz como simple para detectar que los menores incurran en conductas delictivas o sean víctimas de ellas reside, simplemente, en impedir que tengan el ordenador en su dormitorio. En su opinión, debe de estar en una habitación común.
Otra fórmula eficaz es instalar filtros que impidan el acceso a determinadas páginas. Incluso el fiscal Fernández-Llébrez llegó a relacionar la irresponsabilidad paterna por no disponer de estas barreras con «ir con el niño de la mano por los prostíbulos de la ciudad».
Los responsables de la Fiscalía y de la Policía animan a los profesores a ayudar a los padres a evitar que los menores sean sujetos activos o pasivos de la delincuencia cibernética mediante actitudes que tampoco exigen un gran conocimiento de las nuevas tecnologías. Apostaron por estar al tanto de las relaciones personales de los menores, aunque con la prevención de que siempre prima el derecho a la intimidad sobre el de la educación. Ya ha habido chicos que han denunciado a sus padres por controlar sus conversaciones y han perdido.
El Instituto asturiano Avelina Cerra de Ribadesella ha impuesto un castigo de 5 días de expulsión a 19 alumnos que colgaron en la red social Tuenti fotografías hechas con el móvil en clase.
Los estudiantes sancionados se defienden alegando que las fotos no eran vejatorias ni se mofaban de nadie.
La directora del instituto, Marta Menéndez, justificó el castigo recordando que se ajusta al «procedimiento legal» que se establece en el decreto de los derechos y los deberes de los escolares, documento que regula las normas de convivencia en los centros educativos. Es decir, el centro escolar es el garante de la custodia y seguridad de los alumnos en el interior del recinto escolar, lo que incluye la salvaguardia sobre la imagen de los menores.
El divertimento de los adolescentes de fotografiar a sus compañeros y profesores para colgar las imágenes en internet ha alcanzado niveles tan preocupantes que incluso la Agencia de Protección de datos ha lanzado una señal de alarma por la vulneración de los derechos de imagen y a la intimidad. Este organismo recibió en enero la primera denuncia: la de un profesor que descubrió fotos suyas junto a insultos en una plataforma de este tipo.
El 50% de la población mundial conectada a la red tiene que enfrentarse a una cifra aproximada de 2.000 nuevos y mutados virus diarios, casi 50.000 intentos de phishing por mes, y a más de 1.000.000 de equipos infectados al año, empleados para expandir bots, rootkits y troyanos, además de otro tipo de malware. El ataque a un ordenador privado, es decir, la destrucción de datos ajenos, está penado en España con entre uno tres años de prisión y multa de 12 a 24 meses.
Cuando se trata de menores, el número de amenazas se incrementa. Cada vez más niños y adolescentes son repetidamente amenazados, acosados o humillados por otros menores – cyberbullying – mediante mensajes de texto, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier otro medio digital tecnológico. En el código penal, la sanción básica para las amenazas supone prisión de tres meses a un año; las calumnias e injurias, multa de 6 a 12 meses más indemnización por daños.
No son estos los únicos casos penados y que la mayoría de menores y padres considera no tienen repercusiones punitivas. Se hace, por tanto, necesaria por un alado una información hacia padres y, por otro, una educación a hijos en conceptos como Ciber-ética, Netiquette (el “protocolo” que se debe utilizar en las comunicaciones online) Privacidad Online o Ciber-seguridad. Si tenemos un código que hemos de respetar al salir a la calle, hemos de saber que en Internet ese código tiene igual vigencia.
La inmensa mayoría de adolescentes en EEUU desconoce que puede ser acusado de pornografía infantil por sacarse una fotografía desnudo y enviársela a un amigo.
Mark Rasch, un ex fiscal de delitos cibernéticos del Departamento de Justicia estadounidense, explica : «la combinación de leyes mal redactadas, las nuevas tecnologías, la inflexibilidad de las penas draconianas y las hormonas adolescentes dan resultados potencialmente desastrosos.»
Aún a pesar de esta reflexión, diversos fiscales en EEUU (Ohio, pennsylania) han iniciado acciones contra menores acusados de pornografía infantil, puesto que tal es la catalogación penal para el envío de fotos de menores desnudos a través del movil – sexting -.
Cuando un menor se hace una fotografía desnudo y la envía a un amigo iniciándose así una cadena, es posible que todos ellos desconozcan que pueden ser también imputados por «distribución» de pornografía infantil.
e-Legales 