La jornada “Violencia entre iguales por medio de las nuevas tecnologías” es una iniciativa de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Andalucía y aborda el ciberbullying como un nuevo reto para la comunidad educativa.
La Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública consciente de la problemática del ciberacoso, a través del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas quiere proponer actuaciones dirigidas a profesionales, trabajadores sociales, educadores y Asociaciones de Madres y Padres pensando que su participación es imprescindible para trabajar en la protección del adolescente y favorecer una cultura de la convivencia.
La jornada se articula en torno a tres ponencias complementarias:
Juan Carlos López Pérez, guardia civil especialista en delitos tecnológicos de la Policía Judicial, habla sobre “Prevención y ayuda en torno al ciberbullying”.
Nora Rodríguez Vega, reconocida especialista en materia de convivencia escolar, centra su intervención en “El ciberbullying: un nuevo reto para la comunidad educativa”.
Disminuir la incidencia de la violencia psicológica ejercida por medio de las nuevas tecnologías y la promoción de la ciberconvivencia escolar son dos objetivos que entran a formar parte de las prioridades en el ámbito escolar y de protección del menor.
Un joven sevillano (mayor de edad) ha sido condenado a una multa de 100 euros por burlarse mediante un fotomontaje de un compañero. La foto fue difundida durante dos meses en la red social española Tuenti, con lo cual el juez considera que «provocó comentarios despectivos contra la víctima» y que supuso «un deliberado ataque a la dignidad personal del menor denunciante y a su imagen y buena fama entre los compañeros del colegio, guiado por el propósito de un menoscabo personal y moral».
Los menores que participaron en la burla, en cambio, han sido condenados a trabajos en favor de la comunidad en un comedor de caridad próximo al colegio.
La Sección de Criminalidad Informática de la Fiscalía de Málaga ha detectado un aumento de delitos tecnológicos cometidos por menores de 18 años, ilícitos que en muchos casos se producen sin que el niño o niña que los comete sea consciente de que ha delinquido.
«Ahora se está dando mucho el hecho de colocar en una página una foto de un profesor que te ha suspendido o te cae mal y hacerle comentarios de todo tipo o tocar la imagen y ridiculizar a su protagonista», explica el fiscal de Criminalidad Informática, Jacobo Fernández-Llebrez Castaño. Si el vídeo o la fotografía se difunden a través de las redes sociales o por medio de ´Youtube´, el menor que lo ha transmitido puede incurrir en un delito castigado por el Código Penal,.
De las 294 operaciones efectuadas por la Guardia Civil y la Policía Nacional para atajar los delitos tecnológicos durante el pasado año, 13 estaban relacionadas con amenazas; 12 con robos de cuentas de correo y 25 con la comisión de injurias y calumnias. Muchos de estos delitos fueron cometidos por menores de edad. La mayoría no son conscientes de haber delinquido. También es ilegal leer los mensajes que no son propios.
En sólo tres meses de funcionamiento (febrero-mayo de 2009), la Fiscalía de Criminalidad Informática está presente en 75 procedimientos judiciales. La mayor parte de ellas (60%) está relacionada con estafas, las injurias y calumnias ocupan un 20%, y el resto es relativo a pornografía infantil.
Los institutos malagueños empiezan a expulsar a alumnos por grabar y hacer fotos con el móvil. La moda entre los jóvenes de colgar imágenes en Internet lleva a los centros a ser más estrictos.
Los móviles y los mp3 o mp4 son unas herramientas con las que se puede vulnerar la intimidad de los alumnos así como de los propios profesores, y como la Red es un gran medio de difusión, todos se han enterado de casos por toda España en los que las imágenes tanto de alumnos como de profesores, en algunos casos vejatorios, les ha llevado a incluir el uso de estos objetos dentro de su Plan de Convivencia como una falta grave, lo que implica, en todos los casos una expulsión del centro durante unos días.
Por motivos diferentes, padres y menores desconocen que muchas de las prácticas que los adolescentes llevan a cabo con las nuevas tecnologías tienen serias consecuencias penales.
El robo de claves, bien del messenger o de acceso a cualquera de las redes sociales está penado con hasta cuatro años de prisión; la usurpación de la identidad en el messenger puede costar otros tres años de cárcel, a los que se suma una hipotética condena por injurias o amenazas.
La mayoría de estas conductas tiene lugar sobre todo en la casa, en la que los menores tienen acceso sin control a ordenadores. La pelota, por tanto, no sólo está en la escuela, sino también en el domicilio familiar donde los padres, en la mayoría de los casos al borde del analfabetismo tecnológico son responsables de una generación sobrada en conocimientos digitales pero no demasiado consciente de sus consecuencias. Por ejemplo, es frecuente que ignoren que «internet deja rastro», es decir que los contenidos que por ejemplo se depositan en una red social pueden ser extraídos y manipulados.
Los expertos equiparan, para hacer un simil comprensible las imágenes que se cuelgan en redes sociales como Facebook, Tuenti o Twitter con «pegar fotos personales en una farola». Los chicos suelen ser candorosos y creer a pie juntillas en la identidad de sus interlocutores en los chat. Además, son usuarios activos de los programas P2P como el emule. «Se descargan contenidos que dejan en carpetas que tardan semanas en abrir. En muchas ocasiones esos ficheros ocultan pornografía», alerta el jefe del grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional, Antonio Domínguez. Desconocer el contenido no exime de la responsabilidad penal.
Desde este inspector policial, hasta el fiscal de Delitos Tecnológicos, Jacobo Fernández-Llebrez, y el delegado de Educación, Antonio Escámez son unánimes al señalar que una medida tan eficaz como simple para detectar que los menores incurran en conductas delictivas o sean víctimas de ellas reside, simplemente, en impedir que tengan el ordenador en su dormitorio. En su opinión, debe de estar en una habitación común.
Otra fórmula eficaz es instalar filtros que impidan el acceso a determinadas páginas. Incluso el fiscal Fernández-Llébrez llegó a relacionar la irresponsabilidad paterna por no disponer de estas barreras con «ir con el niño de la mano por los prostíbulos de la ciudad».
Los responsables de la Fiscalía y de la Policía animan a los profesores a ayudar a los padres a evitar que los menores sean sujetos activos o pasivos de la delincuencia cibernética mediante actitudes que tampoco exigen un gran conocimiento de las nuevas tecnologías. Apostaron por estar al tanto de las relaciones personales de los menores, aunque con la prevención de que siempre prima el derecho a la intimidad sobre el de la educación. Ya ha habido chicos que han denunciado a sus padres por controlar sus conversaciones y han perdido.
Un 80 por ciento de los casos de injurias, calumnias y amenazas por Internet registrados el pasado año por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado está relacionado con menores, según indicó el fiscal responsable del Servicio de Criminalidad Informática, Jacobo Fernández-Llebrez, quien aseguró hoy que desde la puesta en marcha de este servicio, el febrero pasado, ya han llegado a la Fiscalía casos de ciberacoso y de suplantación de identidad.
Por su parte, el delegado de Educación, Antonio Escámez, expresó la preocupación de la Junta de Andalucía respecto a esta práctica del ciberacoso, ya que, «sin que sea algo que se esté incrementando especialmente, es un hecho que está ahí y debemos poner todas las medidas posibles». «No debemos demonizar, pero tenemos la obligación de evitar esas situaciones y llegar a una conciencia entre el alumnado de que eso no se puede hacer y puede llegar a ser delito», apuntó.
Escámez y Fernández-Llebrez presentaron hoy en rueda de prensa una jornada formativa, denominadas ‘Segurytic‘, sobre el uso seguro de Internet y de las nuevas tecnologías, dirigidas a los coordinadores de los centros TIC de la provincia, que se celebrará en la Ciudad de la Justicia el próximo viernes día 24.
La jornada “Violencia entre iguales por medio de las nuevas tecnologías” es una iniciativa de la Consejería de Administración Pública de la Junta de Andalucía y aborda el ciberbullying como un nuevo reto para la comunidad educativa.
e-Legales 